Chilpancingo, Guerrero. Dos ex funcionarias del gobierno estatal durante la administración de Ángel Aguirre Rivero fueron vinculadas a proceso por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en 2014.
Se trata de Blanca María del Rocío Estrada Ortega y Margarita Anguiano Castro, quienes enfrentarán cargos derivados de una investigación federal que las relaciona con la posible destrucción o pérdida de evidencia clave.
Durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la jueza de control Nora Ileana García Peralta determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal. En el caso de Estrada Ortega, será investigada por delitos contra la salud, mientras que Anguiano Castro enfrenta señalamientos directamente vinculados con los hechos del caso Ayotzinapa.
De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, ambas ex funcionarias estarían relacionadas con la desaparición de material videográfico de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala. Dichas grabaciones habrían registrado eventos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fechas clave en la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Las acusadas fueron detenidas el pasado 10 de marzo en la Ciudad de México y permanecerán en prisión preventiva en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
Durante la audiencia, también se informó que Estrada Ortega fue encontrada en posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, así como medicamentos controlados, lo que derivó en cargos adicionales por posesión de psicotrópicos con fines de comercio.
En su intervención, la ex subprocuradora denunció las condiciones en las que se encuentran recluidas, señalando problemas de salud y presunto hacinamiento, particularmente en el caso de Margarita Anguiano, de 83 años, quien presenta diversas enfermedades y una fractura en la pierna.
La sesión registró múltiples recesos debido a la presentación y rechazo de pruebas, así como a confrontaciones entre la defensa y la jueza, quienes argumentaron inconsistencias en el proceso.
Al cierre de la audiencia, la jueza ordenó que ambas imputadas reciban atención médica adecuada y aclaró que será un juez de ejecución quien determine las condiciones de su reclusión.
Con información de corresponsales nacionales para Las Breves Informativas.
