Hay cifras que sirven para celebrar, pero también para preguntar. La afirmación de que 1.9 millones de mexiquenses salieron de la pobreza durante la administración de Delfina Gómez coloca a la política social del Estado de México frente a un balance que merece algo más que aplausos o descalificaciones automáticas.
Si el dato reportado con base en información del INEGI refleja una reducción sustancial de la pobreza, estamos ante un resultado políticamente relevante. Pero una columna crítica no puede quedarse en la cifra: la verdadera pregunta es qué tan sostenible es esa mejoría y cuánto de ella puede atribuirse directamente a las políticas estatales.
El gobierno de Delfina Gómez ha construido buena parte de su identidad alrededor de una política social dirigida a sectores históricamente vulnerables. Programas como Mujeres con Bienestar, Alimentación para el Bienestar y Crédito Colibrí forman parte de una estrategia que busca combinar transferencias, apoyos alimentarios y oportunidades económicas.
El caso de Mujeres con Bienestar es particularmente significativo. Atender a alrededor de 700 mil mujeres mediante apoyos económicos y servicios adicionales representa una operación social de enorme dimensión. La cuestión de fondo, sin embargo, no es solamente cuántas beneficiarias reciben un apoyo, sino si esos recursos consiguen romper los ciclos de pobreza y dependencia económica.
Porque una transferencia puede aliviar una emergencia familiar, pero difícilmente puede considerarse por sí sola una solución estructural. Para que la política social tenga verdadero alcance transformador debe estar acompañada de educación, salud, empleo formal, seguridad, vivienda digna y posibilidades reales de movilidad social.
Ahí aparece uno de los principales desafíos para el gobierno mexiquense.
El Estado de México es una entidad de contrastes. Conviven zonas con alta actividad industrial y económica con municipios donde persisten carencias profundas en servicios públicos, infraestructura, transporte, agua y oportunidades laborales. Reducir la pobreza implica, por tanto, mucho más que entregar apoyos: significa modificar las condiciones que producen y reproducen la vulnerabilidad.
En ese sentido, las becas para estudiantes, los programas alimentarios y los apoyos para vivienda, salud y personas con discapacidad pueden funcionar como una red de protección. Pero el éxito de esa red deberá medirse con indicadores que vayan más allá del número de beneficiarios.
También existe otro frente que no puede separarse de la política social: la economía.
El gobierno de Delfina Gómez ha apostado por atraer inversión, facilitar la actividad empresarial, respaldar a las MiPyMEs y generar empleo. El discurso oficial sostiene que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en generación de empleo. Si esa dinámica se mantiene, puede convertirse en uno de los componentes más importantes para consolidar la reducción de la pobreza.
Pero aquí también conviene hacer una distinción: crear empleos no es exactamente lo mismo que generar bienestar. Importa saber cuántos son formales, cuánto pagan, qué prestaciones ofrecen y si permiten a las familias superar de manera permanente las condiciones de precariedad.
La apuesta por el desarrollo económico deberá entonces complementar —y no sustituir— la política social.
Un capítulo aparte merece el Plan Oriente, concebido junto con el Gobierno Federal para atender el rezago histórico de los municipios de esa región. Infraestructura, agua, movilidad, educación y bienestar son precisamente algunas de las áreas donde las desigualdades del Estado de México resultan más evidentes.
El reto será convertir esa estrategia en obras que puedan sentirse en la vida cotidiana. Para una familia, el bienestar no se mide solamente en una estadística: se mide en tener agua, trasladarse con seguridad y rapidez, acceder a una escuela digna, encontrar un empleo cercano y contar con servicios de salud cuando los necesita.
Por eso, el balance de los primeros tres años de Delfina Gómez debe evitar dos extremos. Ni convertir cada cifra positiva en una victoria definitiva, ni negar los avances simplemente porque provienen de un gobierno políticamente controvertido.
1.9 millones de personas menos en pobreza sería una noticia de enorme importancia para el Estado de México. Pero precisamente por eso la cifra exige seguimiento, transparencia y explicación.
La política social puede ser una herramienta poderosa para reducir desigualdades, pero su verdadero éxito comienza cuando una familia deja de necesitarla porque consiguió condiciones suficientes para salir adelante por sus propios medios.
El desafío para Delfina Gómez no es solamente demostrar que los programas llegan a millones de mexiquenses. El desafío mayor será demostrar que esos programas están construyendo un Estado de México con menos pobreza, más empleo digno y mayores oportunidades.
Ahí estará la diferencia entre administrar la pobreza y transformar las condiciones que la generan.
