[responsivevoice_button voice=»Spanish Latin American Female» buttontext=»Pulsa para escuchar la entrada»]
La actual Fiscalía General de la República (FGR) ha comprado programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos.
En 2019 y 2020, la Fiscalía firmó al menos cuatro contratos por 5,6 millones de dólares con la compañía Neolinx de México, según documentación.
Esta firma ha fungido en el país como intermediaria de la italiana Hacking Team, señalada de haber sido una de las principales proveedoras en materia de ciberespionaje durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Las compras se hicieron bajo la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional, por lo que los contratos no fueron transparentados por la Fiscalía.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que ha dado seguimiento a este tipo de contrataciones, considera que la operación de estos sistemas puede llegar a ser violatoria de derechos humanos porque en algunos casos constituye una vigilancia masiva que violenta los requisitos de necesidad, proporcionalidad y autorización judicial.
La Red para la Defensa de los Derechos Digitales R3D hizo un análisis de los datos divulgados tras la filtración y denunció que al menos 12 estados del país tuvieron relaciones comerciales con Hacking Team, a través de sus diversas intermediarias. Según el análisis hecho por la R3D en ese entonces Neolinx habría vendido sus productos al Gobierno de Guerrero y del Estado de México, así como a la Policía Federal, PGR y Defensa Nacional, entre otras dependencias. En abril de 2018 habría firmado el último contrato con la Fiscalía antes del cambio de administración. Ahora se sabe que Neolinx ha seguido vendiendo sus insumos y servicios al gobierno actual, esta vez como intermediaria de la empresa israelí Rayzone Group.
La Fiscalía al mando de Alejandro Gertz Manero ha celebrado al menos cuatro contratos para servicios de consulta y análisis de datos masivos, así como para localización geográfica.
La adquisición de estos programas no es ilegal y son usados, según justifican las autoridades, para el combate a la delincuencia organizada.
Sin embargo, también pueden ser utilizados de forma arbitraria, violando el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia. Si bien las invasiones a la privacidad por parte de la autoridad no se encuentran absolutamente prohibidas, sí existen límites estrictos a este tipo de actividades de vigilancia, afirma Luis Fernando García Muñoz, director de la R3D.
Además en México la utilización de estos sistemas de vigilancia son sumamente problemáticos porque otorgan un poder invasivo amplio.
“La vigilancia masiva no es compatible con los principios de necesidad y proporcionalidad”.
El primer contrato celebrado durante la gestión de Gertz Manero al frente de la FGR estuvo a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y se firmó el 30 de mayo de 2019 por un monto de 2,4 millones de dólares.
El objeto fue: “Servicio de localización geográfica en tiempo real para equipos de comunicación móvil asociados a una línea telefónica, consistente en instalación puesta a punto, configuración y liberación de 135.000 búsquedas, sin que exista un límite de búsquedas diarias”.
El servicio descrito en el contrato es conocido en el mercado del ciberespionaje como Geomatrix y es el mismo que había adquirido la Fiscalía en el sexenio anterior y que era usado sin controles, según una publicación de 2019 hecha por la R3D en colaboración con Reporte índigo.
Este producto es desarrollado por Rayzone Group, un consorcio que diseña y fabrica soluciones cibernéticas y de inteligencia para agencias gubernamentales y federales.
Una solución única que permite a las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley ubicar, rastrear y manipular a los suscriptores de GSM / UMTS / 3G / 4G (LTE) de manera encubierta y virtualmente desde cualquier lugar del mundo, todo en tiempo real.
“La solución sigilosamente determina el estatus, la ubicación y el movimiento de los objetivos de interés, desde cualquier lugar en una ciudad o área hasta el país entero y más allá de las fronteras, localizándolos con alta precisión en tiempo real”.
Otro de los contratos firmados por la FGR con Neolinx fue para la adquisición del servicio “Echo-Plataforma de consulta y análisis de datos masivos”.
La compra estuvo a cargo de la Policía Federal Ministerial, según la documentación consultada. En 2019 el costo fue de 1,1 millón de dólares, mientras que en 2020 la Fiscalía pagó 1,7 millones de dólares por el servicio.
El producto también es fabricado por la empresa israelí Rayzone, que lo define como un sistema estratégico de SIGINT (Inteligencia de señales) que proporciona a las agencias de inteligencia y policiales información amplia, diversa y en profundidad sobre usuarios globales de internet.
Es una plataforma que permite a los usuarios (como la FGR) obtener información sobre un punto de interés en particular o la recolección masiva de información de todos los usuarios de internet en el país.
No requiere preinstalación de ningún equipo físico y opera de forma silenciosa y encubierta.