Opinión / por Daniel Domínguez V.
En Querétaro y en el escenario político nacional, los movimientos comienzan a hacerse visibles. Desde las presidencias municipales hasta los cargos de representación popular y las posiciones de mayor responsabilidad pública, distintos actores políticos empiezan a acomodar sus piezas, medir fuerzas y preparar el terreno para la próxima disputa por el poder.
La carrera por el llamado hueso político parece haber comenzado antes de que la ciudadanía conozca con claridad quiénes tienen verdaderas propuestas para resolver los problemas que enfrenta la población. En los distintos partidos políticos, las aspiraciones, los acuerdos, las reuniones y los acercamientos forman parte de una dinámica que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién busca servir a la ciudadanía y quién pretende conservar o conquistar una posición de poder?
La experiencia política es, sin duda, un atributo importante. Sin embargo, acumular años en los cargos públicos, recorrer distintas administraciones o cambiar de partido no garantiza resultados. La trayectoria debe medirse por las acciones realizadas, los compromisos cumplidos y los beneficios concretos para la población, no por la cantidad de fotografías, discursos o apariciones públicas.
Y aquí es donde comienza el verdadero cuestionamiento: ¿cuántos de quienes hoy levantan la mano pueden presentar resultados verificables en materia de seguridad, agua potable, movilidad, empleo, servicios públicos y combate a la desigualdad? ¿Cuántos pueden explicar con datos qué cambió para sus comunidades durante su paso por el servicio público?
Porque mientras algunos políticos preparan sus siguientes movimientos, hay ciudadanos que siguen esperando respuestas a problemas que no desaparecen con un cambio de administración ni con un nuevo eslogan de campaña.
El poder como carrera y la ciudadanía como espectadora
La política no debería convertirse en una carrera interminable por ocupar una silla, conservar privilegios o asegurar espacios para los mismos grupos. Tampoco tendría que ser un mecanismo para construir carreras personales sin una rendición de cuentas proporcional a las responsabilidades asumidas.
La crítica no se limita a un partido. Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y las demás fuerzas políticas deben estar dispuestas a someter a sus representantes al mismo escrutinio. Ninguna sigla garantiza honestidad, capacidad o compromiso social; de la misma manera, ninguna trayectoria debería evaluarse únicamente por las alianzas que un personaje consigue construir.
El problema aparece cuando la disputa interna por las candidaturas ocupa más espacio que la discusión de los problemas públicos. Cuando importa más quién obtiene la nominación que qué propone hacer con ella. Cuando las aspiraciones se anuncian con anticipación, pero los resultados de las responsabilidades anteriores siguen sin explicarse con suficiente claridad.
¿Dónde están los resultados que justifican una nueva aspiración? ¿Qué cuentas tienen pendientes quienes buscan otro cargo? ¿Qué mecanismos permitirán distinguir una propuesta seria de una estrategia para mantenerse dentro del presupuesto público?
Son preguntas legítimas que la sociedad debe colocar en el centro del debate.
Los cargos públicos no son propiedad de nadie
Una presidencia municipal, una diputación, una senaduría o cualquier otra responsabilidad pública no constituye un patrimonio personal ni un premio por pertenecer a determinado grupo político. Son espacios de representación que implican obligaciones, límites y rendición de cuentas.
Por eso, antes de dejarse llevar por la propaganda, la simpatía partidista o las promesas de siempre, la ciudadanía tiene razones para exigir algo más que discursos: resultados medibles, transparencia en el uso de los recursos, explicaciones sobre las decisiones tomadas y compromisos que puedan evaluarse.
La crítica también debe alcanzar a quienes cambian de discurso según la coyuntura, a quienes prometen representar al pueblo sin explicar cómo lo harán y a quienes aparecen en cada proceso electoral como si su permanencia en la política fuera una necesidad pública.
No basta con decir que se conoce el territorio. Hay que demostrar qué se ha hecho por él. No basta con presumir experiencia. Hay que presentar resultados. Y no basta con hablar de transformación, cambio o continuidad: es necesario explicar qué significan esas palabras en la vida cotidiana de las familias.
La última palabra la tiene la ciudadanía
La llamada perrera desenfrenada es una metáfora de una disputa política en la que las ambiciones pueden adelantarse a las propuestas. Pero la contienda no debería definirse por quién grita más, quién reúne más aliados o quién consigue mayor exposición mediática, sino por la capacidad de los aspirantes para explicar sus decisiones, sostener sus compromisos y responder por su desempeño.
El reto para Querétaro y para el país consiste en evitar que cada proceso electoral se reduzca a una nueva repartición de posiciones entre los grupos de siempre. Para ello, la ciudadanía necesita información, memoria pública y disposición para cuestionar a todos por igual.
Al final, los partidos podrán negociar candidaturas y los políticos podrán manifestar sus aspiraciones. Sin embargo, la sociedad tiene derecho a preguntar, comparar trayectorias y exigir cuentas.
La pregunta no es quién merece quedarse con el hueso, sino quién puede demostrar que entiende la responsabilidad de ejercer el poder público.
Porque los cargos pasan, los discursos se olvidan y las campañas terminan. Lo que permanece es el resultado de las decisiones tomadas y el impacto que estas tienen en la vida de la gente.
La ciudadanía no debería ser invitada únicamente a votar; debe ser reconocida como la autoridad democrática ante la que todo representante está obligado a rendir cuentas.
La política no necesita más aspirantes que se disputen el poder sin explicar sus resultados. Necesita representantes dispuestos a demostrar, con hechos y no solamente con palabras, para qué quieren gobernar.
