En México, ejercer la medicina en el sector privado implica mucho más que preparación académica y experiencia clínica. Hoy, miles de profesionales de la salud enfrentan un entorno donde contar con un seguro de responsabilidad civil médica no es opcional, sino un requisito indispensable para poder trabajar.
De acuerdo con datos del sector, el país cuenta con más de 350 mil médicos en activo y entre 3 mil y 4 mil hospitales privados, donde la exigencia es clara: sin póliza vigente, no hay acceso a quirófanos ni posibilidad de brindar servicios. El costo anual de estos seguros oscila entre los 4 mil y 18 mil pesos, lo que representa un mercado estimado en alrededor de 2 mil 800 millones de pesos al año.
Sin embargo, lo que en teoría debería representar una red de protección, comienza a ser cuestionado por el propio gremio médico. La periodista Lourdes Mendoza ha dado visibilidad a testimonios que revelan una problemática creciente: médicos que, pese a cumplir con todos los requisitos y mantener sus pólizas activas, enfrentan procesos legales sin el respaldo esperado por parte de las aseguradoras.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Saltillo, donde un anestesiólogo denunció que dos aseguradoras con las que tenía contratos vigentes se deslindaron de su defensa en medio de un proceso legal. La situación lo obligó a contratar asesoría externa e incluso a comprometer su patrimonio para enfrentar el caso.
Este tipo de experiencias ha comenzado a romper el silencio dentro del sector, donde cada vez más profesionales señalan prácticas que consideran irregulares, como la imposición de aseguradoras específicas por parte de hospitales privados o condiciones poco transparentes en la contratación de pólizas.
Casos similares han surgido en otras entidades como Baja California y Toluca, donde médicos han enfrentado sanciones, pérdida de cédula profesional o incluso procesos penales, en contextos donde la cobertura legal prometida no se materializó.
La situación ha encendido un debate de fondo: el alcance real de estos seguros y su capacidad para garantizar una defensa efectiva. Para muchos médicos, el problema ya no es únicamente cumplir con la obligación de contratar una póliza, sino la incertidumbre sobre si esta responderá cuando más se necesita.
En este contexto, la interrogante que comienza a ganar fuerza dentro del gremio es clara: más allá de contar con un seguro, ¿qué tan efectiva es la protección que realmente ofrecen las aseguradoras frente a una crisis legal?