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Mientras en la Ciudad de México 19 jóvenes permanecen encarcelados por participar en la marcha de la llamada Generación Z, en Michoacán el crimen organizado incendió vehículos, paralizó carreteras y sembró terror en 16 municipios… sin que una sola persona haya sido detenida.
El contraste no es solo indignante: es revelador.

Tres días de encierro por protestar

Hasta el lunes 17 de noviembre, los jóvenes detenidos en la capital seguían recluidos en los reclusorios Norte y Sur. Las imágenes difundidas muestran a varios de ellos llorando, golpeados, con lesiones visibles.
La Fiscalía les imputa delitos graves, entre ellos tentativa de homicidio, lesiones y daños en propiedad.
Todo esto como resultado de una protesta.

La rapidez del aparato de seguridad y justicia capitalino fue quirúrgica: operativos inmediatos, consignaciones exprés, imputaciones de alto calibre.
Para estos jóvenes, el Estado actuó con una contundencia inusual.

En Michoacán, el fuego avanzó sin obstáculos

Ese mismo día, Michoacán vivió una jornada de violencia extrema. Presuntos sicarios del CJNG realizaron entre 10 y 15 narcobloqueos en al menos 16 municipios: Pátzcuaro, Zamora, La Piedad, Uruapan, Morelia, Quiroga, entre otros.

Las carreteras estatales y federales quedaron bloqueadas durante horas. Se incendiaron tractocamiones, autobuses, camiones de volteo. La actividad económica se detuvo, el transporte colapsó, y los ciudadanos quedaron atrapados entre llamas y miedo.

La respuesta gubernamental fue un operativo contra Ángel Chávez Ponce, “El Camaleón”, presunto líder regional del CJNG. En el enfrentamiento murieron dos sicarios.
Pero respecto a quienes levantaron bloqueos, quemaron vehículos y paralizaron medio estado, el saldo es el mismo desde hace años: cero detenidos.

La asimetría que habla sola

En la CDMX, 19 jóvenes están presos por protestar.
En Michoacán, un poderoso grupo criminal ejecutó una operación simultánea en más de una docena de municipios… sin consecuencias judiciales.

El mensaje que emite el Estado es inquietante:

  • La protesta social recibe respuesta inmediata, dura y ejemplarizante.
  • La delincuencia organizada recibe tolerancia, evasivas y operativos simbólicos.

El contraste exhibe no solo una falla institucional, sino una clara elección política sobre a quién perseguir y a quién no.
Sobre a quién resulta fácil aplicar la ley y ante quién se prefiere guardar distancia.

El fondo del problema

Mientras se criminaliza la inconformidad juvenil, se normaliza la violencia criminal que ya forma parte del paisaje nacional.

Mientras jóvenes sin poder son tratados como amenazas, grupos armados con capacidad logística, financiera y territorial operan impunemente durante horas a plena luz del día.

En un país donde protestar puede significar cárcel, pero incendiar un estado puede no significar nada, la pregunta no es quién tiene más fuerza, sino quién recibe más miedo del Estado mexicano.

La respuesta está a la vista. Y como siempre, “cada quien saque sus conclusiones”.

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@lasbreves.idmedia.mx

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