CIUDAD DE MÉXICO. – La tensión diplomática entre México y Estados Unidos ha escalado a un nivel inédito. Este miércoles 29 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó haber recibido una solicitud formal por parte del Gobierno estadounidense para la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y excolaboradores.
La solicitud surge tras una acusación formal del Departamento de Justicia de EE. UU., que vincula directamente a la cúpula política del estado de Sinaloa con actividades de narcotráfico en complicidad con la facción de «Los Chapitos».
SRE turna el caso a la FGR, pero cuestiona pruebas
A través de un comunicado oficial, la Cancillería mexicana informó que ya ha turnado los expedientes a la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, la dependencia señaló que, tras una revisión jurídica preliminar bajo el Tratado de Extradición bilateral, los documentos presentados por la Embajada de EE. UU. «no cuentan con elementos de prueba» suficientes para determinar la responsabilidad de los señalados bajo los estándares actuales.
“Será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes”, precisó la SRE.
Tensión diplomática y queja formal
La Cancillería también manifestó su inconformidad por la filtración de la información. Debido a que los tratados vigentes exigen confidencialidad, la SRE enviará un extrañamiento formal a la Embajada de los Estados Unidos, cuestionando la forma en que el Departamento de Justicia hizo pública la acusación antes de agotar los canales institucionales.
¿De qué se acusa al Gobernador de Sinaloa y a su gabinete?
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene que Rubén Rocha Moya y su círculo cercano participaron en una conspiración para importar «cantidades masivas» de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense.
De acuerdo con la imputación, los señalados habrían recibido sobornos millonarios y apoyo político a cambio de:
- Proteger a líderes del Cártel de Sinaloa.
- Evitar investigaciones, detenciones e imputaciones contra el grupo criminal.
- Alinear el aparato gubernamental para favorecer las operaciones de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Los otros funcionarios señalados
La lista de los diez acusados incluye figuras clave de la política sinaloense:
- Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán.
- Enrique Inzunza Cázarez: Senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa.
- Dámaso Castro Saavedra: Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
El caso queda ahora en manos de la FGR, que deberá evaluar si las pruebas enviadas desde Nueva York tienen sustento legal en México para proceder con las capturas o si el proceso se estancará en la arena diplomática.
