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El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revela que el narcomenumedo ha incrementado un 45% en el país en lo que va la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras que, durante el mismo lapso de 2018, último año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se iniciaron en todo el país 24 mil 491 expedientes, un promedio de 163 por día, 7 cada hora.
Según las cifras oficiales, en el lapso enero-mayo de 2021 en el país se iniciaron 35 mil 556 carpetas de investigación por ese delito, es decir, un promedio de 237 por día, 10 cada hora.
Guanajuato, Baja California, Coahuila, Chihuahua y Ciudad de México son, en ese orden, las cinco entidades que concentran el mayor número de expedientes de ese delito. En conjunto acumulan el 60 por ciento de la incidencia nacional.
La mayoría de esas entidades están incluidas también en el top ten de los homicidios dolosos, muchos de cuyos casos ocurren por la disputa entre grupos del crimen dedicados al narcomenudeo, entre otras actividades ilícitas.
En el caso de Guanajuato, Baja California y Chihuahua, han encabezado la lista de homicidios dolosos y algunos de sus municipios, incluso, han estado en los primeros lugares de las ciudades más violentas del mundo.
En Guanajuato se iniciaron entre enero-mayo de 2021 un total de 9 mil 404 expedientes, 42 por ciento del total iniciado en aquel estado entre enero de 2018 y mayo de 2021; y 67 por ciento más que en 2020 cuando hubo 5 mil 629 casos.
Mientras que en Baja California se iniciaron entre enero y mayo de 2021 un total de 4 mil 178 expedientes; en Coahuila fueron 3 mil 950; en Chihuahua 2 mil 957 y en la Ciudad de México mil 987.
De estas cuatro entidades sólo en Chihuahua creció la incidencia, en 4.3 por ciento en relación con 2020; en el resto hubo bajas, en Coahuila fue de 5.8 por ciento, en Baja California de 9.4 por ciento y en CDMX de 19.9 por ciento.
La alta incidencia en este tipo de delitos ha obligado a algunos gobiernos, como el de la Ciudad de México, a buscar endurecer las penas previstas en la Ley General de Salud que actualmente son de entre 4 y 8 años de prisión, la cual podría incrementarse si existen agravantes.
