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Coach Carlos Muñoz: La cultura de la humillación.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), informó que recibió una queja vía telefónica el pasado 14 de octubre, que hasta el día de hoy no ha sido ratificada, contra el llamado influencer y coach de vida Carlos Muñoz.
El influencer y coach de vida Carlos Muñoz se vio envuelto en un escándalo tras discriminar y realizar críticas a un mesero.
Carlos Muñoz se colocó bajo la lupa luego de que si filtrara un video en el que humilla a un mesero, durante una de sus conferencias, cuando se dirige a él, tomándolo como un objeto de muestra, para decir:
«Él no tiene hambre (aspiraciones)», dijo el influencer al señalar al empleado que se encontraba de pie, a la espera de atender a las personas que escuchaban su conferencia.
Al respecto, el Conapred señaló que en México existen grupos de personas históricamente discriminadas que enfrentan obstáculos para tener un trabajo, educación, atención médica y servicios de infraestructura que cumplan sus necesidades, “y el discurso de la meritocracia les traslada la responsabilidad a ellas por no cambiar su situación y permanecer en situaciones de desventaja”.
La Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), exhortó a la sociedad a mexicana a «no reproducir discursos sobre la idea que solo los méritos personales llevan al éxito social», porque no toma en consideración las brechas de desigualdad que existen entre personas y que fomenta la desigualdad.
En un comunicado de prensa, el Conapred reiteró su disposición para atender cualquier caso de discriminación.
“La población puede contactar al número 5262-1490 (en la Ciudad de México y área metropolitana) o al 800 543 0033 (para el interior del país), así como iniciar el trámite de queja a través del correo electrónico quejas@conapred.org.mx o la página web www.conapred.org.mx”, indicó.
Ancira: los acuerdos fueron “producto de la extorsión”
Altos Hornos de México considera declararse en bancarrota para evitar los pagos acordados por Ancira con la justicia.
El abogado de Ancira y de AHMSA, empresa que fuera la más grande acerera del país, dijo que los acuerdos fueron “producto de la extorsión” por parte de funcionarios y acusó al Gobierno mexicano de amenazarlo de que si no vendía su empresa y pagaba, Ancira permanecería indefinidamente en la cárcel a la edad de 70 años. Ancira niega las acusaciones de sobornos y corrupción en su contra.
Según ‘The Wall Street Journal’, la empresa estudia la posibilidad de declararse en Capítulo 11 en Estados Unidos para evadir pagos al Gobierno mexicano negociados por su dueño a cambio de su libertad.
Ancira y su familia mantienen el control mayoritario de las acciones de AHMSA con el 55%.
A Ancira se le acusa de haber pagado un soborno de 3,5 millones de dólares en 2012 al entonces director de la empresa del estado Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, de tal forma se le vincula a el pago de un presunto soborno para que Pemex le comprara a AHMSA la planta de Agro Nitrogenados localizada en Veracruz a sobreprecio.
La Fiscalía General detectó cuatro transferencias por 3,5 millones de dólares hechas entre junio y noviembre de 2012 desde la empresa de Ancira a Tochos Holding, una sociedad en un paraíso offshore donde el exdirectivo petrolero recibió sobornos para comprar una casa a cambio de favores.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los 216 millones de dólares que Ancira acordó pagar son para reparar los daños que se le hizo a Pemex con la compra de una planta de fertilizantes considerada por analistas como chatarra.
“Si ya había aceptado un acuerdo lo que procede es que lo cumpla, no va a obtener beneficios si busca con abogados marrulleros querer darle la vuelta a lo que ya se acordó, él debería estar agradecido, él sabe muy bien que vendió a sobreprecio esa planta, lo sabe perfectamente”, dijo López Obrador.
Policías en 10 estados, sin control de confianza.
Aun cuando las cifras reflejan solo porcentajes, la realidad de la policias del país es que existe una gran desconfianza en general por los altos niveles de extorsión que sufren miles de personas de parte de todas las policias del pais, que no ven el beneficio de tener evaluaciones de control y confianza.
10 entidades están por debajo de los indicadores de confianza, los estados de Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán, Sinaloa, Chiapas, Sonora, Michoacán y Baja California Sur son las entidades con menor cobertura de exámenes de control de confianza a sus elementos de seguridad y que además se encuentren vigentes.
De acuerdo con el informe sobre las evaluaciones a policías de todo el país, que incluye a los elementos de seguridad pública estatal, del sistema penitenciario, de procuración de justicia, es decir, de las fiscalías estatales, y de seguridad pública municipal, esas entidades están por debajo del promedio de los exámenes de control de confianza vigentes.
Guerrero tiene el promedio más bajo a nivel nacional con 41% de sus elementos de seguridad con sus evaluaciones aprobadas y vigentes, la policía municipal está por encima con 49% y la estatal con 36 %.
Tabasco, con 50 % de sus policías aprobados y vigentes en sus controles de confianza, de los cuales los estatales tienen 46% y las policías municipales, que tienen en 59% del total sus exámenes al corriente.
Tlaxcala tiene un promedio de 58% en los exámenes aprobados y vigentes los policías estatales están en el promedio nacional, con 72%, pero las corporaciones municipales, tienen 49% de evaluaciones en regla.
En la Ciudad de México no existe la figura de policía municipal, pues el mando policial está concentrado en el gobierno capitalino y sus elementos tienen en 73%, como el promedio nacional, sus evaluaciones aprobatorias y vigentes, lo que baja el promedio a 61 por ciento son los controles de confianza de su personal penitenciario, que está en 26% y el de procuración de justicia, en 29%.
Yucatán tiene un promedio de 65% en elementos de seguridad aprobados y vigentes, 83% si se toma en cuenta sólo los municipales y 72% en los estatales.
Sinaloa tiene un promedio estatal de certificación de 66%, con proporciones muy similares de 64% en los elementos estatales y 63%en los municipales.
En el caso de Chiapas, con 66% de evaluaciones vigentes en general, tiene a 61% de su corporación estatal y 71% de sus policías municipales.
En Sonora, el promedio de certificaciones es de 76% corresponden a los policías de seguridad pública estatales y 75% de los municipales.
Michoacán su personal de seguridad pública está certificado, pero cuando se trata sólo de los policías estatales, la proporción es de 66%, mientras los municipales alcanzan 84% de controles de confianza vigente.
Baja California, con 71 por ciento de aprobados vigentes, los policías estatales tienen solo 47 por ciento y los municipales 70 por ciento.
