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El ‘científico’ al quien el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de emitir insultos tanto contra él como contra su esposa no aparece en la lista de 31 científicos denunciados por supuesto mal uso de recursos, de acuerdo con los datos que se conocen de la indagatoria de FGR.
Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, por segunda ocasión, la aprehensión de 31 científicos e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un mensaje publicado en redes sociales de un supuesto investigador del instituto.
El perfil de Twitter que compartió el presidente menciona que Aldo Aldrete es un “científico, experto en seguridad, bioterrorismo y miembro del Comité Científico de las Naciones Unidas” en Washington D.C., y se unió a la red social en noviembre de 2014.
Sin embargo, no hay más elementos para corroborar que el perfil que mostró el mandatario federal, con el usuario de @AldoAldrete, en verdad corresponde a un científico mexicano, ya que a través de consultas realizadas por varios medios en las Naciones Unidas para saber si tenían datos de una persona con ese nombre en un “comité científico”, no obtuvo respuesta; además, el nombre de Aldo Aldrete no aparece en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el registro de 2007 a 2020.
Con los datos obtenidos , se buscó en los registros de la SEP y no se encontró que esa persona tuviera registro de cédula profesional.
Otro perfil que coincide con el nombre se encuentra en la plataforma de LinkedIn, en el que se describe como “Desarrollador de proyectos e investigaciones en salud humana, medicina genómica” y director del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT, de enero de 2013 a la fecha.
Un hecho llamativo es que, en 2014, la ahora diputada federal priista Marcela Guerra publicó un aviso alertando “sobre una persona que se hace llamar Aldo H. Aldrete y está ofreciendo a mi nombre préstamos de 60, 80, 120 mil pesos hasta 7 millones de pesos con el 1.3% de interés”,
En agosto pasado a un juez federal para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de los científicos y académicos. Aunque el magistrado ha negado en dos ocasiones concederlas, la Fiscalía anunció el miércoles que las solicitará por tercera ocasión consecutiva.
Fiscales aclaran que, si bien aun no se puede “prejuzgar” a los académicos, estos son probables responsables de ilícitos que conllevan penas que van de una a varias décadas de cárcel, y sin derecho a fianza.
Y aunque en un comunicado emitido por la FGR, esta dijo que se trata de un caso de delitos patrimoniales (como sería, por ejemplo, el robo), en el escrito enviado al juez lo que les imputa a los académicos son, en realidad, cuatro delitos considerados coloquialmente como graves: delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades.
Los investigadores arman la acusación basada en una premisa: los imputados participaron en un esquema para aprobar recursos que se destinaron al denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT), que era una asociación privada financiada ilegalmente por parte del Conacyt con dinero que debió destinarse exclusivamente para desarrollar proyectos de investigación.
