La Cámara Alta votó en favor de la reforma al artículo 343 BIS, que actualmente señala que las penas por delitos relacionados con la violencia familiar van de medio año a cuatro años de cárcel, y con el aumento de la mitad aprobado por el Senado, podrían partir de los nueve meses mínimo y hasta los seis años.
Se trata de una reforma al Código Penal Federal, misma que fue aprobada por la Comisión de Estudios Legislativos la semana pasada, al final del periodo ordinario de sesiones, y se espera que en febrero de 2024 se retome para su posible votación.
Es por ello que el Senado de la República aprobó un dictamen en el que se incrementan las penas contra personas que cometan violencia contra embarazadas o adultas y adultos mayores hasta por seis años, un aumento de hasta el 50 por ciento de la pena anterior.
El aumento de los cuatro a los seis años de prisión máxima solo aplicará en casos de violencia contra mujeres embarazadas, personas adultas mayores o con discapacidad, además de que se le quitarán beneficios a los agresores como derecho a pensión alimenticia y se le obligará a ir a tratamiento psidológico especializado.
La ley indica que “comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar.”
Las comisiones en el Senado indicaron que el objetivo de esta reforma es prevenir y sancionar las conductas que generen violencia familiar en medio de un contexto en el que son comunes los casos de agresiones principalmente a mujeres.
Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indican que cada 18 minutos una mujer es maltratada en el mundo, además de que en México el 54 por ciento de las mujeres son víctimas de violencia a manos de su pareja.
Dentro del paquete de reformas al Código Penal Federal también se informó una sobre el artículo 266, con el que buscan incrementar las penas a quienes cometan violaciones sexuales contra menores de 15 años. La pena actualmente va de 8 a 30 años de prisión.
La pregunta no es quién merece quedarse con el hueso, sino quién puede demostrar que entiende la responsabilidad de ejercer el poder público.
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