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Tras la desaparición del Seguro Popular, una estrategia de afiliación a servicios de salud creada en 2003 y que operó hasta 2019 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que sería sustituido por Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con el que aseguraría acceso a servicios de salud para todos los mexicanos.
Según un reporte del Coneval demostró que dicha decisión tuvo impacto, pues al analizar a las instituciones que proveen servicios de salud, la reducción de la población afiliada al Seguro Popular o que reportó tener derecho a los servicios del INSABI en zonas rurales fue de 20.4 puntos porcentuales al pasar de 69.3% a 48.9% de la población que se encuentra sin el acceso a servicios de salud.
Hasta 2018, el Seguro Popular había afiliado a 42% de la población y aunque en el decreto de creación del INSABI se estableció que los beneficiarios continuarían en la nueva institución, no fue así, pues para 2020 el INSABI registró una afiliación de tan solo el 26.9%, una disminución de 16 puntos porcentuales.
Si bien el Seguro Popular fue criticado durante los tres sexenios en que operó, debido a la deficiente calidad de los servicios, la promesa incumplida de cobertura universal, la existencia de actos de corrupción y hospitales a medio construir, la estrategia significaba una posibilidad de conseguir algún servicio de salud, como en el caso de otras personas que pudieron enfrentar padecimientos como cáncer, que de otra manera hubiese sido incosteable para ellas.
Y que actualmente deja con desabasto los tratamientos de Cáncer en prácticamente todo el país, al intentar según los echos regularizar la compra de insumos médicos que han dejado un sin numero de casos sin tratamientos y escasez en todo el sistema de salud en México.
En contraste, en las zonas urbanas, pasó de 33.3% a 20.3% de la población sin acceso a servicios de salud, lo que representó una reducción de 13 puntos porcentuales.
“Entre los factores que explican la diferencia en el incremento, por ámbito de residencia, se encuentra el grado de dependencia al Seguro Popular, en 2018: de las personas con acceso a los servicios de salud en las zonas rurales, 8 de cada 10 personas contaban únicamente con Seguro Popular; en contraste, en las zonas urbanas donde esta proporción fue de 4 de cada 10.
De esta manera, la población rural se encontraba en una posición más vulnerable ante la desaparición del Seguro Popular”.
Respecto a la afiliación al IMSS por medio de la prestación laboral, se observa que el porcentaje de la población ocupada sin acceso directo a servicios de salud pasó de 64.5% a 63.7%, entre 2018 y 2020, “lo que indica que la población ocupada sin acceso directo a los servicios de salud no contribuyó al aumento de la carencia por acceso a los servicios de salud en este periodo”.
Esto demuestra el claro aumento en las desigualdades de salud en el país y es más grave que haya ocurrido justamente en la pandemia, ya que lo que produjo fue carencias.
El gran reto, es encontrar la forma de realmente alcanzar la cobertura universal “y no solo por discurso”, sino como un derecho humano, porque en este momento ningún hospital recibe a todas las personas y no porque no quieran, sino porque no tienen suficientes doctores, camas, medicinas y los tratamiento de alta especialidad como el cáncer sufren el mayor desabasto registrado.
La carencia de acceso a servicios de salud ocurrió en todo el país, pero las entidades con mayor aumento fueron:
Oaxaca, que pasó de 16.3% personas sin afiliación a un sistema de salud en 2018 a 36.9% en 2020.
Guerrero, que pasó de 13.8% a 33.5%.
Chiapas (17.6% a 37.1%).
mientras que las entidades que mostraron el menor aumento fueron:
Chihuahua (11.3% a 17.1%).
Sinaloa (13.2% a 19.6%).
Baja California Sur (10.7% a 17.4%).
La disminución de afiliación es “una gravísima caída”, afirma Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, sobre todo porque la reforma en salud de este sexenio que prometió universalidad, en realidad la que causo fue carencias.
Al analizar los datos por residencia, quienes viven en ámbito rural también fueron los más afectados, ya que el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 13.7% a 30.5% entre 2018 y 2020; mientras que en el ámbito urbano pasó de 17.0% a 27.4% en el mismo periodo.
Esto nos coloca en niveles de acceso a la salud del año 2008, toda vez que esta carencia era una de las que “llevaba comportamiento a la baja”, aunque en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo un freno en la afiliación, llegar a estos niveles en 2020 “es extremadamente inquietante” porque lo que mide este indicador es la percepción de seguridad social, y la gente dejó de ver esto como un derecho, explican, académicos de la UNAM.
