Ha pasado casi un mes desde el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y lejos de disiparse, las dudas crecen como una sombra que amenaza con tragarse la narrativa oficial. En el centro del huracán están los siete escoltas que hoy permanecen encarcelados, convertidos en los únicos señalados por un crimen que, a estas alturas, parece rodeado de más opacidades que certezas.
Y una pregunta se repite, incómoda, insistente, difícil de ignorar:
¿Dónde están los elementos de la Guardia Nacional que formaban parte del segundo círculo de seguridad del alcalde?
La interrogante la lanzó el abogado Gustavo Carreón, defensor de los escoltas, pero podría haber surgido de cualquier ciudadano que observe con mínima atención los hechos. Porque si algo resulta evidente es que el operativo de seguridad alrededor del alcalde no dependía únicamente de sus escoltas personales. Existía —según el propio abogado— un segundo anillo, integrado por la Guardia Nacional, cuya función era anticipar riesgos, contener amenazas y, en pocas palabras, evitar justo lo que ocurrió.
¿Por qué, entonces, ese grupo no está detenido, investigado, ni siquiera mencionado en términos de responsabilidad?
El caso se llena de lagunas. Carreón señala una primera inconsistencia: la Fiscalía habla de un ataque ocurrido a las 20:30 horas, cuando el propio alcalde ya se encontraba en el hospital desde las 20:10. No es una diferencia menor; es un error de base que, de ser cierto, tumbaría buena parte de la acusación.
Luego está el tema del protocolo de seguridad. La Fiscalía afirma que no existía; la defensa sostiene que sí, que incluso fue desarrollado oficialmente para el Festival de Velas. Y finalmente, la versión sobre la muerte del presunto atacante, un joven de 17 años. ¿Murió por su propia arma, como afirma la autoridad, o fue repelido por uno de los escoltas, como sostiene la defensa? Otra grieta más en una investigación que debería ser ejemplar y que, por ahora, parece todo menos sólida.
Mientras tanto, los escoltas enfrentan cargos por comisión por omisión, una figura que exige demostrar qué acción debieron realizar y no realizaron. Pero hasta hoy no queda claro cuáles fueron esas supuestas omisiones. ¿Qué no hicieron? ¿Qué se esperaba de ellos? ¿Qué responsabilidad les corresponde si, como asegura la defensa, el riesgo llegó desde un círculo exterior que no les competía controlar?
El dato más inquietante llega de las propias investigaciones: la presunta coordinación del asesinato a través de un grupo de WhatsApp. Un plan ejecutado de forma tan simple como brutal, y en el que aparece la figura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, un presunto líder criminal con presencia en varios municipios de Michoacán. Él y los escoltas ya fueron vinculados a proceso, mientras que la narrativa oficial parece avanzar sin detenerse a aclarar contradicciones elementales.
Pero la justicia —si pretende serlo— no puede construirse sobre silencios selectivos. La Guardia Nacional debe explicar su rol, su presencia, o su ausencia. Las autoridades deben clarificar el rompecabezas temporal. Y la Fiscalía debe sostener sus acusaciones con algo más que fragmentos que no encajan.
Porque lo que está en juego no es solo el esclarecimiento del asesinato de un alcalde —ya de por sí urgente y necesario—, sino la credibilidad de un sistema de seguridad que, una vez más, aparece fracturado y lleno de sombras.
En Michoacán, donde la violencia ha marcado por años la vida pública, la verdad no puede darse el lujo de ser ambigua.
No esta vez.
No después de Carlos Manzo.
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