El Instituto de Salud para el Bienestar Insabi figura en la lista de la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
El Insabi, uno de los proyectos del Gobierno en materia de salud pública, figura en el más reciente reporte del USTR sobre barreras potenciales al comercio exterior.
“La industria ha expresado preocupaciones respecto al nuevo proceso de adquisiciones de medicamentos”, se lee en la sección del reporte sobre posibles barreras al comercio con México de farmacéuticos y dispositivos médicos.
El 31 de julio de 2021, el Insabi firmó un acuerdo para la compra consolidada de medicamentos con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
El USTR señala este convenio como la fuente de sus preocupaciones y enumera varias irregularidades que han encendido focos rojos en EU:
• Falta de transparencia en el tránsito de productos por la cadena de suministro.
• Escasez de información y pautas formales por parte del Insabi y la UNOPS para operadores de logística.
• Entregas tardías a proveedores de servicios médicos, a pesar de que la procuración se realiza a tiempo.
• Pagos tardíos a proveedores.
Las autoridades comerciales de EU no son las primeras en señalar problemas e irregularidades en los procesos de compras consolidadas del Insabi. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene la lupa puesta sobre el instituto desde el año pasado.
A partir del 1 de marzo, el Insabi comenzó a ser desplazado como proveedor de servicios médicos gratuitos para personas sin seguridad social. Esa tarea quedará a cargo del programa IMSS-Bienestar.
El Insabi conservará sus atribuciones para la compra consolidada de medicamentos, equipo y material de curación, además de otras cuestiones administrativas.
A la UNOPS se le ordenó la asistencia en la investigación de mercado, asistencia en la revisión de bases de licitación, acompañamiento en la ejecución de la licitación, asesoría en la evaluación de ofertas técnicas y económicas y asistencia en la negociación de precios de medicinas de alto costo, entre otras.
Por estos servicios la UNOPS cobró 541 mil dólares (casi 11 millones de pesos), los cuales se liquidaron mediante tres pagos: un anticipo de 50 por ciento, un pago por 243 mil dólares a la entrega del documento de recomendaciones para mejorar las bases de licitación y 27 mil de dólares por la entrega del informe final.
Desde ese primer momento la ASF encontró irregularidades, como la inexistencia del dictamen de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard que daba origen a la contratación de esos servicios.
Asimismo, la falta de autorización del presupuesto de la Secretaría de Salud de Jorge Alcocer para cubrir el compromiso derivado de dicho acuerdo de colaboración y, más grave aún, falta de entregables del acompañamiento, sobre todo en el análisis de precios.
A todo esto, la ASF también señaló las violaciones que los métodos de la UNOPS representaban para la Ley de Adquisiciones, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Además, por supuesto violaciones a la Constitución, por lo que se alertó sobre lo inservible que resultó el acuerdo, pues el Insabi nunca hizo caso a las recomendaciones que le hicieron.
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