México se ha registrado un crecimiento sustancial en violencia familiar.
Según la consultora TResearch International, hasta febrero del 2024, los registros oficiales sumaron un millón 238 mil 702 casos, en cinco años de esta administración.
Simplemente, el año 2023 cerró con 284 mil 133 denuncias, en tanto el último año del sexenio previo (2018) concluyó con 180 mil 185, en una trayectoria ascendente y preocupante que no se corresponde con el crecimiento poblacional.
De acuerdo con la agencia, las entidades federativas con mayor número de denuncias por violencia familiar y por millón de habitantes son: Colima (27 mil 750), Coahuila (18 mil 49), Ciudad de México (17 mil 697), Nuevo León (16 mil 961) y Chihuahua (16 mil 812).
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que casi 60 mil niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia en 2022, siendo los delitos más cometidos: feminicidios, lesiones, abuso, acoso y hostigamiento sexual.
De acuerdo con el Instituto, un total de 4 mil 197 niñas de entre 10 a 14 años fueron violadas en ese año y la cifra total de violaciones registradas a niñas y adolescentes (de 0 a 17 años) fue de 8 mil 487.
Lastimosamente, los agresores son personas cercanas a las víctimas, pues del total de adolescentes que sufrieron violencia en su niñez, 20.8 por ciento refiere que el abuso lo cometió un tío; 17.4 por ciento, un primo; y 15.8 por ciento indica que fue algún vecino o conocido.
De acuerdo con las estadísticas, la violencia familiar se registra en todos los estratos sociales, aunque empeora en los más bajos y las principales víctimas son los niños y las niñas en su etapa de mayor indefensión, al igual que las mujeres de cualquier edad y los adultos muy mayores.
La violencia está asociada a carencias económicas en el seno familiar; al desconocimiento de las leyes; a la falta de programas educativos y de capacitación, escolares y extraescolares; y también a la pérdida de valores. El problema se agudiza si prevalece una ineficiencia burocrática de las autoridades que debieran proteger a la ciudadanía y no actúan con rapidez y contundencia. Esto incluye a los integrantes del sistema de justicia, ministerios públicos y jueces.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el reparto debe realizarse dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual. #RepartoDeUtilidades #Trabajadores
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