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Esmeralda es una menor habitante de una comunidad indigena de Huimilpan, Querétaro.

En agosto de 2023 un joven tres años mayor, familiar suyo, la agredió sexualmente y la amenazó.

De esa agresión ella quedó embarazada, pero no se dio cuenta a tiempo, Esmeralda seguir desarrollando su vida normal, hasta que empezó a sufrir de dolores intensos en el abdomen y de tener una irregularidad en su periodo menstrual.

Esmeralda le dijo a su papá que la dejara faltar a la secundaria ese día, porque los “cólicos” eran ya muy fuertes y “nomás no le bajaba”.

Su papá le dejó dinero para comprarse una pastilla en la farmacia, llevó a su hija menor a la escuela y se fue a trabajar.

Esmeralda se quedó dormida, perdió la cuenta del tiempo. Fue al baño porque las ganas de evacuar eran muy fuertes, supuso se le habían juntado los cólicos con el retortijón del estómago.

Pujó fuerte y salió mucha sangre. Había tenido un aborto espontáneo, pero Esmeralda, de 14 años, no sabía cómo nacen los niños, no sabía qué era lo que colgaba de entre sus piernas, no entendía su malestar general.

Esmeralda fue llevada al hospital, en urgencias y después de la revisión médica le indicaron alpadre de la menor que “su hija tuvo un aborto espontáneo”; pero la Fiscalía estatal realizó una necropsia al producto expulsado y determinó que “nació vivo y falleció a causa de asfixia por ahorcamiento”.

Por esa razón el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, el 26 de septiembre, el ministerio público judicializó la carpeta de investigación en contra de Esmeralda por homicidio calificado.

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La RED NACIONAL DE MUJERES DEFENSORAS DE LA PARIDAD EN TODO DE LA REPUBLICA MEXICANA, realizó un posicionamiento este lunes 28 de octubre.


«Hacemos un llamado a la justicia con perspectiva de género en el caso de Esmeralda, quien pertenece a la comunidad indígena de Huimilpan, Querétaro. Después de ser víctima de abuso sexual y sufrir un aborto espontáneo, está siendo acusada de homicidio por Víctor Antonio de Jesús Hernández, fiscal general de Querétaro, quien exige para ella tres años de prisión y 518 mil pesos en concepto de reparación del daño, irónicamente, para quien se identifica como su abusador».

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