La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo siete mil 631 autorizaciones de jueces para intervenir comunicaciones privadas en los primeros cuatro años de este sexenio de del presidente AMLO, las cuales forman parte de las carpetas de investigación abiertas por presuntos delitos de alto impacto que cometen grupos criminales.
En contraste de 2015 a 2018, periodo que comprende los últimos cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo el permiso para realizar cuatro mil 170 intervenciones de comunicaciones privadas, de acuerdo con datos obtenidos vía Transparencia.
En la actual administración, las delegaciones estatales de la Fiscalía General de la República que más reportan intervención de comunicaciones autorizadas por jueces en el periodo 2022 son:
Oaxaca, con 64.
Jalisco, con 20.
Veracruz, con 20.
San Luis Potosí, con 17.
Quintana Roo, con 11.
Zacatecas, con 10.
Querétaro, con 8.
Aguascalientes, con 4.
Baja California Sur, con 3.
Colima, con 1.
Otras instancias de la Fiscalía que recibieron en 2022 este tipo de autorizaciones para realizar “espionaje legal” fueron la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM), con 28 intervenciones.
la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada de Control Regional, con 14 autorizaciones,
La Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero (UEDE), con cuatro.
De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la FGR gastó entre 2019 y 2020 unos 47 millones de pesos para acceder al servicio Echo-Plataforma de Consulta y Análisis de Datos Masivos, que proporciona la empresa Neolinx de México, el cual le permite realizar más de 135 mil geolocalizaciones de teléfonos celulares.
La plataforma permite además la geolocalización en tiempo real de equipos de comunicación, celulares y teléfonos de las compañías Telmex, Telcel, Axtel, Izzi, Movistar, AT&T, y otras empresas similares.
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