El sindicato del Monte de Piedad rechazó las acusaciones sobre que ellos rompieron el diálogo para llegar a un acuerdo, ante esto, aseguró que fue la institución la que no quiso aceptar una última prórroga, lo cual desencadenó la huelga.
Al filo de la medianoche del 14 de febrero, el Nacional Monte de Piedad informó el estallamiento de huelga por parte de su sindicato en el primer minuto del 15 de febrero.
El Sindicato del Nacional Monte de Piedad, la mayor casa de empeños de México, comenzó este jueves una huelga por desacuerdos sobre el nuevo contrato colectivo, que los directivos defienden con el argumento que evitará la quiebra.
El paro abarcaría a cerca de 300 sucursales del país y unos 2 mil 300 empleados.
El nuevo contrato colectivo, según el sindicato, contemplaba reducir el 18 por ciento de la plantilla y la “jubilación potenciada” para 352 trabajadores, con antigüedades de entre 10 y 20 años.
Además, la organización denunció el despido injustificado de 400 trabajadores desde que inició el conflicto, lo que implicaría que el sindicato en realidad perdería más del 40 por ciento de sus plazas.
Arturo Zayún, secretario general del Sindicato Nacional del Monte de Piedad, detalló que la jueza del Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos y el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como el Sindicato, solicitaron al Nacional Monte de Piedad un día más de prórroga para negociar los dos puntos de acuerdo pendientes; sin embargo, la institución se negó.
Sobre el convenio al que supuestamente se negaron a firmar, cuando la entidad prendaria ya lo había avalado desde diciembre del año pasado, denunciaron que las autoridades también lo hicieron por ser “leonino”.
Finalmente, reconocieron el trabajo de las autoridades y del presidente Andrés Manuel López Obrador por instar a la mediación, pero “quienes la administran rechazaron la negociación al negarse a otorgar un día más de prórroga”, insistió.
El conflicto se agudizó en junio pasado, cuando los directivos del Nacional Monte de Piedad de México, fundado en 1775, advirtieron de que quebraría en 2027 si no cambia el contrato colectivo.
Los líderes de la institución de asistencia privada argumentaron que el actual contrato contiene “prestaciones ostentosas” que no pueden sustentarse ante una “clara baja” en México del volumen de operación del sector prendario, que consiste en casas de empeño en las que la gente deja un objeto a cambio de un préstamo.
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