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Por voto mayoritario, el miércoles, la Cámara de Diputados aprobó adicionar el artículo 220-A a la Ley Federal de Derechos de 2024, el cual establece el cobro de una tasa de 9 por ciento, ya no de 5 por ciento, a los ingresos brutos de los dueños de concesiones de servicios aeroportuarios, es decir sobre la facturación total de las empresas.

Con ello, las secretarías de Marina y de la Defensa podrían obtener 5 mil 204 millones de pesos anuales con la creación de un nuevo fideicomiso sin estructura orgánica, en donde se depositarían las tasas cobradas sobre los ingresos totales de los grupos aeroportuarios, considerando la facturación de los grupos al cierre del 2022.

De acuerdo con datos de las emisoras, GAP, OMA y ASUR acumularon ingresos, por sus operaciones en aeropuertos mexicanos, por 57 mil 827 millones de pesos al cierre del 2022, de esos recursos, el 5 por ciento fue absorbido por el gobierno según lo establecido en los títulos de concesión de los grupos aeroportuarios.

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“Estas actualizaciones son significativas, pues es la primera vez, en más de dos décadas que se revisan y ajustan las bases de regulación y la tarifa de contribución para las concesiones aeroportuarias”, refirió la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Los cambios legislativos adicionan al artículo 220-A que las personas titulares de concesiones a que se refiere la Ley de Aeropuertos “determinarán el derecho, por cada ejercicio fiscal, aplicando la tasa del 9 por ciento a la suma de los ingresos brutos por servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, señalados en la ley de Aeropuertos y su Reglamento, conforme a sus estados financieros dictaminados”.

Los ingresos que se obtengan por la recaudación de este derecho se concentrarán en la Tesorería de la Federación, y se destinarán a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para el fortalecimiento del sistema aeroportuario bajo su coordinación y que ya controlan al menos 20 puertos aéreos en el país, a través de los fideicomisos públicos federales sin estructura, los cuales se constituirán dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de las reformas.

Para especialistas y grupos empresariales la reducción de tarifas de los grupos aeroportuarios se perfila como una mala decisión.

“Se va mermado a esa posible expansión, mantenimiento, son temas importantes, que deberían ser acordados en una mesa y no en una mesa, en donde exista un decreto”

“Las tarifas de grupos aeroportuarios no parece una decisión apropiada en cuanto a certeza de los negocios”

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