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  • Las extorsiones en el Estado de México no han cesado y en varios municipios tienen una creciente constante.

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo se abrieron 78 carpetas de investigación por extorsión en Toluca, lo que posiciona al municipio como el más afectado por este delito en todo el Estado de México, al concentrar casi el 15 por ciento de todas las denuncias presentadas en la entidad.

Las modalidades de extorsión que afectan a la capital mexiquense son variadas y cada vez más sofisticadas :

  • Llamadas telefónicas que simulan emergencias familiares.
  • Amenazas de secuestro.
  • Engaños sobre premios inexistentes.
  • Intimidaciones con supuesta información comprometedora.
  • Suplantación de identidad de grupos criminales o autodefensas.

El crecimiento que afecta al Valle de Toluca, representa un incremento de más del 20 por ciento respecto a los últimos dos meses de la gestión de anterior y un 50 % con respecto a la administración encabezado por Juan Rodolfo Sánchez Gómez.

El Titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, refirió que tan solo en el periodo del 3 al 9 de abril se atendieron 633 denuncias, de las cuales 322 fueron por extorsión telefónica, seguidas del fraude telefónico con 131 quejas, 48 por llamadas maliciosas, 22 por amenaza, cinco por extorsión electrónica, cuatro por extorsión directa, dos por cobro de piso y 99 por diferentes tipos.

No así en el caso de la Capital Mexiquense, donde se acumulan las carpetas de investigación, sin las acciones de prevención de parte de la administración en turno y menos la aplicación de la ley.

Debemos recordar que en febrero de 2023, el Congreso del Estado de México aprobó sanciones específicas para el delito de extorsión por alteración del mercado, a propuesta de la Fiscalía estatal.

La ley contempla penas de seis a 10 años de prisión para quienes obliguen a comerciantes a imponer o fijar precios por encima del mercado y hasta 15 años si las personas responsables se ostentan como miembros de un grupo delictivo o hasta 20 si son servidores públicos.

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