Crimen institucional en las desapariciones en Morelos

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Las activistas responsabilizan al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, en caso de que algo les pase a alguna de las rastreadoras, pues al funcionario “le molestan” sus declaraciones.

Las rastreadoras no se explica cómo los grupos delictivos desaparecen y asesinan a personas con total impunidad; cuando desaparecieron sus hijos.

Los casos de las morelenses Angélica Rodríguez, quien busca a su hija Viridiana desde hace 10 años; Celia Cerón, a su hija Yéssica y a su nieto, y Tranquilina a su hija Mireya, desde hace ocho años.

A su vez, la buscadora Amalia Hernández exigió justicia por su sobrino Oliver Navarrete Hernández, secuestrado y asesinado en mayo de 2013.

En 2014 fue enterrado por trabajadores de la fiscalía de Morelos como persona no identificada junto con otros 118 cuerpos en las fosas de Tetelcingo, pese a que sí fue reclamado.


María Herrera Magdaleno, originaria de Michoacán y madre de cuatro hombres desaparecidos, dijo que tras 14 años de indagatorias llegó a la conclusión de que el responsable no sólo es el “crimen organizado”, sino también el “institucional”, que por omisión o colusión pasa por alto los delitos.

“Realizamos el trabajo del gobierno y las fiscalías; ellos están en los cargos, los buscan, los piden, y ya cuando están ahí no cumplen con su deber”, reprochó María, quien con familiares y colectivos formó la Red Nacional y la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas.

Desesperadas, cansadas, dolidas, enojadas y con lágrimas por no encontrar apoyo, las mujeres emplazaron a los funcionarios a que “si no tienen la capacidad para garantizar paz, seguridad y justicia en el país, renuncien a sus cargos”.

“Nuestros gobiernos siguen siendo irresponsables”.

No sólo fue el dolor del crimen organizado, sino también el institucional, porque desde ahí no se brindó seguridad ni justicia.”

En lo que va del año 2022, en México han habido cuatro casos de madres buscadoras asesinadas. Sus colectivos se han pronunciado en contra de los asesinatos de las activistas y las amenazas a sus familias.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México indicó que el caso más reciente se trata de Blanca Esmeralda Gallardo, madre buscadora de Puebla, que fue asesinada la madrugada del pasado 4 de octubre por hombres armados, cuando iba en camino a su trabajo, ubicado en la colonia Villa Frontera en Puebla.

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