Cada vez más preocupa en el país que las autoridades hayan abandonado algunas zonas que están ahora bajo el control de bandas de narcotraficantes.
La directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Susana Pérez, declaró la víspera ante una comisión de la Cámara de Diputados que empleados del organismo se vieron obligados a contratar a delincuentes para realizar algunas entrevistas del censo, y que uno de los funcionarios fue secuestrado mientras intentaba realizar entrevistas.
El instituto reconoció que el año pasado tuvo que pagar a bandas para poder ingresar a ciertas ciudades a realizar el censo. Y algunos analistas dicen, al respecto, que los cárteles de la droga tienen como blanco a los trabajadores de ese organismo, a empresas encuestadoras e investigadores de mercadotecnia en algunas partes de México por numerosas razones.
Pérez afirmó que el problema era peor en las zonas rurales del país, y que el Inegi tuvo que emplear varios métodos para poder operar en esas regiones.
“Hay diversas estrategias, desde en algunos casos pagar por entrar”, indicó la directora al explicar que también recurren a la contratación de personal que vive en esas zonas que son conocidos por los pobladores y por “quienes podían estar incurriendo en cuestiones de delincuencia”.
En el centro y norte de México, donde hay problemas de violencia por las guerras territoriales del narcotráfico y la migración, los trabajadores del censo encontraron comunidades agrícolas abandonadas sin nadie a quien encuestar.
“Hay casos en donde los grupos del crimen organizado extorsionan y piden dinero a los encuestadores y supervisores para dejarles hacer encuestas. En este caso se trata de un delito de extorsión simple y llana”.
Las autoridades federales reconocieron este mes que una manifestación de cientos de personas en la ciudad sureña de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, fue organizada por la banda de narcotraficantes Los Ardillos, y que la movilización tenía como objetivo obligar al gobierno a liberar a dos líderes del grupo que estaban detenidos acusados de posesión de drogas y armas.
En el vecino estado de Michoacán, los residentes reconocieron recientemente que casi todos los productos básicos de su región costaban entre 30 y 50 por ciento más porque los cárteles de la droga controlaban la distribución, y que la situación era conocida por las autoridades.
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La pregunta no es quién merece quedarse con el hueso, sino quién puede demostrar que entiende la responsabilidad de ejercer el poder público.
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