El proyecto de reducir de 48 a 40 horas la jornada semanal de trabajo se presentó desde el 2022, y debido a la complejidad, el proceso legislativo no pudo, ni podrá terminar en 2023.
El objetivo es fomentar la salud física y mental de los trabajadores y propiciar un equilibrio en el tiempo de trabajo y descanso.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Jorge Romero comentó en conferencia de prensa que hay la intención de que la reducción de jornada laboral se vote este año, también aseguró que es casi imposible que el proceso legislativo concluya en 2023 y la reforma entre en vigor al próximo, esto no como arma electoral (sic), sino como desahogo de tiempos entre ambas cámaras.
Para analizar la reforma, se realizaron cinco foros de Parlamento Abierto. El último se realizó el lunes 13 de noviembre.
Los resultados se anunciarán el 21 de noviembre, para después dictaminar y enviarla al pleno para que se debata, se apruebe o no pase.
El 15 de diciembre se termina el periodo de sesiones del año legislativo y, por lo tanto, es la fecha límite para aprobar o no la reforma.
De aprobarse la jornada laboral de 40 horas, se aplicará a partir del 2024, luego de que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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Diputados aprueban reforma para castigar jornada laboral excesiva
Una reforma relacionada con los derechos de los trabajadores ya se aprobó en la Cámara de Diputados: habrá cárcel para los empleadores que obliguen a sus empleados a realizar jornadas laborales excesivas.
Las modificaciones se realizaron a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, mismas en las que se incluyen sanciones a quienes promuevan jornadas laborales que superen las de la ley.
La Ley para erradicar la trata de personas incluye un apartado relacionado con la explotación laboral, mismo que sería modificado luego de la aprobación en la Cámara de Diputados del 25 de octubre y de que la Cámara de Senadores, a quien se turnó la iniciativa, la apruebe para su posterior decreto.
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