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La secretaría otorgó en 2019 y 2020 pagos por 66 mil pesos a 19 personas “después de su fecha de fallecimiento”
Por irregularidades detectadas en las auditorías de estos dos programas insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría del Bienestar, a cargo de Javier May, debe aclarar el destino de 104 millones 866 mil 80 pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que, en 2020, la Secretaría de Bienestar aceptó como beneficiarios de programas sociales a personas que nunca entregaron documentos de identificación, hizo pagos a personas fallecidas y dio apoyos duplicados con cargo a los programas Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente y Apoyo para el Bienestar de Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.
En el caso de Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente, la ASF determinó un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por 4 millones 819 mil 240 pesos por pagos a 986 beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente que fallecieron entre febrero de 2019 y agosto de 2020, antes de los pagos.
Además se otorgaron apoyos por 176 mil 900 pesos a 21 mayores de 67 años, edad máxima establecida para ser beneficiario del programa.
La falta de control propició que 7 millones de pesos se pagaran a 114 madres, padres o tutores y mil 293 menores de edad niños y niñas sin contar con CURP ni documentos que los identifique, tales como credencial de elector, acta de nacimiento o comprobante de pago.
Asimismo, la ASF expuso que se otorgaron apoyos por 470 mil pesos de 278 niñas y niños que rebasaron la edad límite establecida en las Reglas de Operación.
“Se determinaron 7 millones 68 mil 800 pesos pendientes por aclarar”, agregó la ASF quien puso como ejemplo el caso de un menor que recibió 8 mil pesos durante 2020.
Se suman a las observaciones la falta de entrega de comprobantes y recibos de 64 pagos realizados a 30 beneficiarios.
Además, se advierte que la Secretaría de Bienestar carece de una metodología que verifique que los apoyos se están otorgando a madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, que no pertenecen a sistemas de seguridad social y que los apoyos se están utilizando para el cuidado y atención infantil.
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