En las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, avanzó la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial, mediante la cual se establece que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto popular.
En la discusión, los legisladores de oposición alertaron que el oficialismo, al no contar con la mayoría calificada, no sólo busca presionar a los senadores de oposición, sino además busca fraguar “un fraude a la Constitución” al pretender aprobar la reforma judicial con el argumento de que la mayoría calificada se alcanza con 85 votos y no con 86.
“Esa línea no la intenten cruzar. Eso sí no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Si ustedes ganan con votos lo vamos a respetar, pero la mayoría calificada es 86 votos, y en eso sí no nos vamos a mover”, advirtió Ricardo Anaya, quien además exigió al oficialismo dejar de presionar a los senadores de la oposición, ya que al menos tres legisladores han recibido “propuestas corruptoras” y acusaciones a través de las fiscalías estatales.
Modificar la Constitución requiere 86 votos, no 85 como declaró el presidente del Senado. Si ganan con votos, lo vamos a respetar. Pero no vamos a permitir un claro fraude constitucional como el que están fraguando. #NoALaReformaJudicial #PJF #SCJN #PoderJudicial… pic.twitter.com/EDhMSlfoPS
— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) September 9, 2024
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El dictamen, que está previsto sea llevado al pleno mañana martes y que sea discutido y votado en la sesión del miércoles próximo, fue aprobado en lo general y en lo particular con 25 votos a favor de Morena, PVEM y Partido del Trabajo, y 12 votos en contra de los legisladores de oposición de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Se presentaron 70 reservas (propuestas de modificación), las cuales fueron rechazadas.
La reforma al Poder Judicial contempla, entre otros aspectos, la renovación de todos los cargos de jueces, magistrados y ministros en dos elecciones a realizarse en 2025 y 2027; echar mano de “tómbola” para depurar el número candidatos; la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, mediante el cual se busca supervisar la conducta de los jueces, y la reducción de 11 a nueve el número de ministros de la Corte.
Además, se echa mano de la figura de “jueces sin rostro” en los casos relacionados con delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.
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