Tras un acuerdo reparatorio ofrecido por Emilio Lozoya para recobrar la libertad, Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó a un juez federal posponer una audiencia para definir si acepta o no dicho acuerdo resarcitorio por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.
Lozoya pretende realizar el pago de los 10.2 millones de dólares a lo largo de este año, y dejar en prenda varias propiedades, entre ellas una casa en Lomas de Bezares y la casa de su esposa en Ixtapa, Guerrero.
Alejandro Rojas y Miguel Ontiveros, abogados de Lozoya, se reunieron en privado en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte con abogados de Pemex a fin de intercambiar información sobre la propuesta de acuerdo reparatorio de Lozoya.
El 28 de julio de 2020, el juez José Artemio Zúñiga ordenó la vinculación a proceso contra Lozoya por el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir un bien inmueble (la casa de Lomas de Bezares) dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita (presuntos sobornos del exdueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira) con el propósito de ocultar el origen o propiedad de dichos recursos con el fin de aparentar una actividad lícita.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que se mantiene para este martes la audiencia de Lozoya por el caso Odebrecht, aunque esta también podría suspenderse por los mismos motivos.
La investigación en México por el caso Odebrecht, que inició en 2017 en el sexenio pasado, se encuentra actualmente en una inmovilidad, debido a que la FGR sólo ha podido procesar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y algunos otros funcionarios, sin poder llegar a políticos de más alto nivel como se ha hecho en Perú, Guatemala y Brasil.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aún no ha sido enterado sobre el acuerdo reparatorio que propuso el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por lo casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, aunque consideró que antes de aceptar, una autoridad debe hacer un avalúo para conocer si se cubren los daños.
“Son 10 millones de dólares, sí. Todavía se va a ver eso, todavía. (…) Porque sí puede la fiscalía, desde luego, aceptar la reparación del daño y nosotros estamos además de acuerdo con eso, porque significa dinero que va al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado o dinero que va a Pemex, concluyó.
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