De acuerdo con la iniciativa, solo se cambiará la forma en cómo se emplea el dinero pues “actualmente la ley dispone que las cuentas que estén inactivas por más de tres años y cuyos montos oscilen entre, más o menos, 50 mil a 300 mil pesos pasan a formar parte de una cuenta central” y se espera que esta medida logre traspasar cerca de 10 mil millones de pesos al Estado, esto según el diputado Ignacio Mier.
Se considerará como cuentas inactivas aquellas que no hayan sido usadas o hayan generado algún movimiento durante tres años; de modo que el dinero, los intereses así como el rendimiento acumulados producidos por los depósitos o inversiones se emplearán para fortalecer el sistema de seguridad pública. Con ello se buscará que se mejoren las políticas públicas y se combata a la delincuencia en el país en los tres niveles de seguridad: federal, estatal y municipal.
Anteriormente la Ley de Instituciones de Crédito ya establecía que el dinero de las cuentas inactivas se movería a una cuenta global y que si después de tres años de la operación, el patrimonio no era reclamado, este será destinado a las beneficencias públicas del gobierno. Pero entonces, cuáles son los cambios que trae consigo la nueva reforma.
“No se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito, es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados por lo que no se afectan las garantías constitucionales”.
La forma en que se dispondrá del dinero, quedará de la siguiente manera:
- 45 por ciento a las fuerzas de seguridad federales.
- 30 por ciento a las fuerzas de seguridad estatales.
- 25 por ciento restantes a las fuerzas de seguridad municipales.
Sin embargo, las personas que deseen reclamar su patrimonio podrán hacerlo, pues antes de que se cumplan los tres años de inactividad, las instituciones bancarias tienen la obligación de notificarles a sus clientes sobre el estado de su cuenta con 90 días de anticipación. Además, si después de tres años de que el dinero se haya movido a una cuenta global no se reclama, este pasará automáticamente a la beneficencia pública y ya no podrá existir algún tipo de objeción por parte del usuario.
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