A tres años y siete meses de que por decreto fue creado el municipio indígena de Xoxocotla, en el poblado impera la ingobernabilidad tras una álgida disputa de dos grupos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada y con el Gobierno de Morelos.
El pueblo se ha declarado sin ley. No es algo nuevo. Por décadas su única forma de presión fue cerrar la carretera Alpuyeca-Jojutla para exigir a las autoridades respuesta a sus demandas.
Al municipio indígena lo atienden cuando se manifiesta, levanta la voz y toma carreteras. De hecho, desde finales de los 80 la policía ni se atrevía a entrar a ese lugar.
A principios de año, los comerciantes se organizaron para colocar cámaras de vigilancia y pusieron lonas en las que advierten que están dispuestos a “linchar” a los delincuentes.
Aseguran que desde principios de año repuntaron las amenazas, extorsiones e incluso los intentos de cobro de piso.
Justo el 11 de enero fue asesinado el presidente municipal de ese municipio, Benjamín López Palacios. Dos meses después, sujetos armados dieron muerte al segundo al mando en el gobierno local, el secretario municipal Manuel Jiménez Ponciano.
A todo ello se le suma que el actual alcalde del municipio indígena, Abraham Salazar Ángel, gobierna con chaleco antibalas; también lo acompañan dos escoltas de la Comisión Estatal de Seguridad armados con rifles de asalto, si eso no evidencia la presencia de grupos del crimen organizado ¿entonces que es?.
“La creación de los municipios indígenas es un proyecto gubernamental, eso no nació de la gente, no fue una demanda de la comunidad; si creemos ese cuento nos estaríamos engañando”, manifiesta Marco Antonio Tafolla, del Centro Cultural Yankuik Kuikamatilistlli. Y agrega: “Lo que importa es cómo le vamos a hacer para que les lleguen los beneficios, no de las disputas electorales, sino a través del derecho colectivo del municipio indígena”.
Lamenta que en los tres años del Consejo Municipal indígena no se sentaran las bases del gobierno y trabajaran sin una ley de ingresos y egresos propia.
Tampoco se hicieron consultas ni ordenamientos propios, es decir, falta mucho por hacer y en medio de pleitos nadie deja gobernar a nadie.
La evidencia que citaron es el control de la tesorería municipal a cargo de Jaime Emilio Sánchez Ramírez, del ala política de Julio Espín Navarrete, exdiputado del PRD en Morelos, a quien acusan de derrochar recursos de dudosa procedencia en su nuevo partido “Morelos Progresa”.
Incluso un grupo de ejidatarios del municipio indígena considera que “hay grupos externos y esa es una realidad, de ahí que será muy importante evidenciar la injerencia de la delincuencia organizada” en el control de ese poblado.
“Ni el Gobernador, que no es de Morelos, ni sus subordinados en dependencias de gobierno han puesto interés en los municipios indígenas que recibieron.
“Se les fueron tres años sin asesorarnos, sin poner reglas claras, a tal grado que incluso Hueyapan no aparece en el mapa, se quedó sin presupuesto”.
A Xoxocotla le han cobrado muy caro la factura de haberse opuesto a un aeropuerto, de estar en la lucha de los pueblos por la defensa y el derecho al agua, de respaldar la lucha de los maestros contra la Reforma Educativa y ahora contra los megaproyectos como el gasoducto y la termoeléctrica en Huexca.
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